El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PSOE por la que se insta al Gobierno a reconocer el trabajo y a promover la defensa de los cooperantes de derechos humanos que sufren “persecución, amenazas u hostigamiento” en numerosos países y a garantizar que puedan acceder a recursos, incluidos los financieros
En concreto, la moción pide al Ejecutivo que apoye política y financieramente el funcionamiento efectivo del mandato del Representante Especial del Secretario de Naciones Unidas sobre la cuestión de los defensores de derechos humanos, en cuyo último informe a denunciado “ la grave situación de vulneración de derechos” que sufre este colectivo
De hecho, el texto advierte de que la promulgación de legislación antiterrorista en varios países “puede contribuir al incremento de violaciones de derechos humanos y a la criminalización de los defensores y defensoras de estos”
La moción también pide al Gobierno que ponga en práctica las directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos Humanos de junio de 2004 y promueva recomendaciones específicas para que las mujeres defensoras que sufren riesgos particulares “en razón de su género gocen de apoyo y protección efectiva”. En este sentido el Congreso ha reclamado al Ejecutivo a que establezca por si mismo o conjuntamente con las representaciones diplomáticas de los Estados miembros de la UE, puntos de contacto con los defensores de los derechos humanos amenazados
En concreto, la moción pide al Ejecutivo que apoye política y financieramente el funcionamiento efectivo del mandato del Representante Especial del Secretario de Naciones Unidas sobre la cuestión de los defensores de derechos humanos, en cuyo último informe a denunciado “ la grave situación de vulneración de derechos” que sufre este colectivoDe hecho, el texto advierte de que la promulgación de legislación antiterrorista en varios países “puede contribuir al incremento de violaciones de derechos humanos y a la criminalización de los defensores y defensoras de estos”
La moción también pide al Gobierno que ponga en práctica las directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos Humanos de junio de 2004 y promueva recomendaciones específicas para que las mujeres defensoras que sufren riesgos particulares “en razón de su género gocen de apoyo y protección efectiva”. En este sentido el Congreso ha reclamado al Ejecutivo a que establezca por si mismo o conjuntamente con las representaciones diplomáticas de los Estados miembros de la UE, puntos de contacto con los defensores de los derechos humanos amenazados
