Monday, September 24, 2007

Declaración de Derechos Indígenas: buenas intenciones sobre papel y dudas sobre su aplicación real

Dos décadas de negociaciones ha necesitado la ONU para aprobar esta semana la Declaración de Derechos Indígenas, un instrumento internacional que protegerá a los más de 370 millones de personas pertenecientes a estas comunidades.
El texto fue aprobado con los votos a favor de 143 países, cuatro votaciones en contra (las de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia) y once abstenciones. La Declaración final, que consta de 46 artículos, establece parámetros mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, entre los que destacan la propiedad de la tierra, el acceso a los recursos naturales de los territorios donde se asientan, el respeto y la preservación de sus tradiciones y la autodeterminación. El documento también afirma que los indígenas no volverán a ser trasladados de sus tierras sin su libre e informado consentimiento.

La Declaración prevé que los Estados deben reparar a través de mecanismos eficaces acordados en concertación con los cerca de 5.000 pueblos indígenas que hay en todo el mundo en lo que respecta a bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales que les han sido arrebatados sin su consentimiento “libre, previo y claro”, o en violación de sus leyes, tradiciones o costumbres.


El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, afirma que la Declaración es un "triunfo para todas las comunidades indígenas del mundo, ya que los Estados miembros de la ONU y los pueblos indígenas se han reconciliado con sus dolorosas historias y han demostrado su disposición a avanzar juntos por el camino de los Derechos Humanos, la justicia y el desarrollo para todos".

En este sentido, Ki Moon también insta a los gobiernos y la sociedad civil a integrar de inmediato en sus agendas de Derechos Humanos y desarrollo los asuntos relacionados con las garantías de los indígenas. Asimismo, les insta a elaborar políticas y programas a todos los niveles para garantizar que la Declaración se convierta en una realidad.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea, Sheikha Haya, ha recordado que la ONU "abrió por primera vez sus puertas a los pueblos indígenas durante una ceremonia de lanzamiento del Año Internacional" que se les dedicó, en diciembre de 1992.

El embajador adjunto de Perú ante la ONU, Luis Enrique Chávez, quien presentó el documento al pleno de la Asamblea General, señaló en su intervención que se tenía la oportunidad y la responsabilidad de "colmar un vacío" en la protección de los derechos humanos de los más de 370 millones de personas que integran estas comunidades, "un grupo de seres humanos que, según atestiguan los diferentes mecanismos de protección de los derechos humanos, está entre los más vulnerables", alertó.


Según explicó el embajador de Australia ante la ONU, Robert Hill, su país votó en contra porque se otorgan derechos a las poblaciones indígenas que entran en conflicto con los del resto de la población y con el marco constitucional de los países democráticos. "Australia ha expresado su oposición al uso del término autodeterminación, que más bien está relacionado con situaciones de descolonización. No podemos respaldar un texto que pone en peligro la integridad territorial de un país democrático", explica.

Canadá, de la misma manera, apuntó que el documento no se adecua a su legislación en materias como la propiedad de tierras, su explotación o las fuerzas armadas. "Hay que lograr un equilibrio entre estos derechos de los pueblos indígenas, el Estado y las terceras personas", indicó el embajador canadiense ante la ONU, John McNee.

ONG y entidades que trabajan por el reconocimiento de estos derechos, a pesar de reconocer que la aprobación de la Declaración es un gran paso, han recordado que ésta “ha sido debatida sin resultados durante cerca de un cuarto de siglo. Años en los que hemos visto cómo muchos pueblos indígenas, como los akuntsu y los kanoê en Brasil, han sido diezmados y otros, como los innu en Canadá, llevados al abismo", tal y como ha manifestado la ONG Survival.

Para Jumanda Gakelebone, de la organización First People of the Kalahari, bosquimano de Botsuana, hay que reconocer el valor de la Declaración pero no hay que olvidar las violaciones de derechos humanos que durante años han sufrido estos pueblos. "Nos gustaría decir que estamos muy felices y encantados al conocer la noticia de la adopción de la Declaración que reconoce que los gobiernos no pueden seguir tratándonos como ciudadanos de segunda clase, y otorga protección a los pueblos indígenas para que no sean arrojados de sus tierras como nosotros lo fuimos", explica en declaraciones a la ONG Survival.

"La Declaración de los Derechos de los Pueblos indígenas, con su reconocimiento de los derechos colectivos, elevará el nivel internacional de derechos indígenas, del mismo modo en que la Declaración universal de los Derechos Humanos lo hizo hace casi 60 años. Creará µn punto de referencia por el cual se podrá juzgar el tratamiento hacia los pueblos indígenas y tribales, y esperamos que nos haga pasar a una era en la cual no se vuelva a tolerar el abuso de sus derechos", declaran desde Survival.