Según la Ley de Extranjería, el tiempo máximo que un inmigrante puede permanecer internado son 40 días, aunque el Gobierno ha propuesto una modificación legal para ampliar a dos meses el plazo. La plataforma euro africana se opone y pide su entrada.
Un conjunto de ONG y asociaciones constituidas en la plataforma euro africana “Migreurop” han exigido al Gobierno que permita la entrada de las entidades sociales en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tal y como contempla la Orden Ministerial que regula su funcionamiento desde 1999.
Estos centros se utilizan para recluir a los extranjeros que tras ser sorprendidos en España sin documentación en regla, van a ser expulsados del territorio. Según la actual Ley de Extranjería, el tiempo máximo que un inmigrante puede permanecer internado son 40 días, aunque el Gobierno ha propuesto una modificación legal para ampliar a dos meses el plazo.
Miembros de la Plataforma euro africana han pedido la retirada de esta iniciativa al tiempo que lanzaron una campaña para conseguir "más transparencia" en la gestión de los centros porque, según afirman, en la actualidad son "un agujero negro de los derechos humanos en España".
En esta línea, reclaman una legislación "específica" y "adecuada" que impida la conversión de estos centros en cárceles, dado que esa no es su función. Según explicó el portavoz de APDHE, José Miguel Morales, "incluso la Policía Nacional ha denunciado que no trabaja en los centros en condiciones mínimas de salud y seguridad" lo que a su juicio da una pista del estado en que están los inmigrantes internados.
La plataforma ha solicitado la entrada en varios centros de internamiento y se encuentra en espera de autorización para acceder a alguno de ellos a final de mes. En paralelo, ha previsto acciones de información y sensibilización para evitar la ampliación del plazo de reclusión y conseguir "garantías para supervisar que se respetan los derechos" dentro de las instalaciones.
Un conjunto de ONG y asociaciones constituidas en la plataforma euro africana “Migreurop” han exigido al Gobierno que permita la entrada de las entidades sociales en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tal y como contempla la Orden Ministerial que regula su funcionamiento desde 1999.
Estos centros se utilizan para recluir a los extranjeros que tras ser sorprendidos en España sin documentación en regla, van a ser expulsados del territorio. Según la actual Ley de Extranjería, el tiempo máximo que un inmigrante puede permanecer internado son 40 días, aunque el Gobierno ha propuesto una modificación legal para ampliar a dos meses el plazo.
Miembros de la Plataforma euro africana han pedido la retirada de esta iniciativa al tiempo que lanzaron una campaña para conseguir "más transparencia" en la gestión de los centros porque, según afirman, en la actualidad son "un agujero negro de los derechos humanos en España".
En esta línea, reclaman una legislación "específica" y "adecuada" que impida la conversión de estos centros en cárceles, dado que esa no es su función. Según explicó el portavoz de APDHE, José Miguel Morales, "incluso la Policía Nacional ha denunciado que no trabaja en los centros en condiciones mínimas de salud y seguridad" lo que a su juicio da una pista del estado en que están los inmigrantes internados.
La plataforma ha solicitado la entrada en varios centros de internamiento y se encuentra en espera de autorización para acceder a alguno de ellos a final de mes. En paralelo, ha previsto acciones de información y sensibilización para evitar la ampliación del plazo de reclusión y conseguir "garantías para supervisar que se respetan los derechos" dentro de las instalaciones.
