España sigue sin firmar el documento europeo contra la trata que entró en vigor el 1 de febrero, a pesar de que se comprometió a hacerlo en 2006. De los 47 Estados del Consejo de Europa, 37 lo han firmado y 13 ya lo han ratificado.
La trata de personas con fines de explotación es una práctica que afecta cada año a dos millones y medio de personas en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, y genera alrededor de 7.000 millones de dólares anuales.
El Gobierno de España sigue sin ofrecer datos fiables sobre la magnitud real de este problema en su territorio, según declara la Red Española de Lucha contra la Trata de Personas. A su vez, el Proyecto Esperanza-Proyecto Sicar afirma que España está entre los 10 países con incidencia más alta en la trata de personas con fines de explotación sexual.
Por este motivo la red española contra la trata de personas, organización constituida por 24 ONG españolas, lamenta que a pesar de haberlo anunciado hace más de dos años, el Gobierno español sigue sin poner en marcha un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata y sin firmar el Convenio Europeo. Entre los principales compromisos que suscriben los Estados al ratificar estas medidas destacan la asistencia a los afectados en su proceso de recuperación, la concesión del permiso de residencia a la víctima o las sanciones penales a los clientes de la prostitución.
En España la trata de personas afecta principalmente a mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania. Según la Red, son miles las personas extranjeras que son captadas y traídas a España a través de engaño, amenazas o coacción con el fin de someterlas a explotación en la prostitución, en la agricultura, el servicio doméstico, la construcción, la hostelería o los talleres clandestinos.
A pesar la gravedad del problema cabe destacar los avances importantes que se han dado en la lucha contra esta nueva forma de esclavitud en los últimos años. Entre ellos encontramos las bases de la lucha internacional contra la trata que la ONU sentó con el ‘Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños’ y que el Estado Español firmó y ratificó en el 2003.
En la Red participan como miembros: Accem, Afromujer Andalucía, Afesip, Anzadeia, Amnistía Internacional, APRAMP (Asociación para la Prevención Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida), Cáritas Española, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Cruz Roja Española, ECPAT, IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África), Federación de Mujeres Progresistas, Fonte, Médicos del Mundo, Mujeres en Zonas de Conflicto, Proyecto Esperanza, Red Acoge, Red Cántabra contra el Tráfico de Personas y la Explotación Sexual, RESCATE, Save the Children y Women’s Link Worldwide. Colaboran con la Red, dentro de sus respectivos mandatos, la Delegación en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Asociación pro Derechos Humanos (APDHE).
La trata de personas con fines de explotación es una práctica que afecta cada año a dos millones y medio de personas en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, y genera alrededor de 7.000 millones de dólares anuales.
El Gobierno de España sigue sin ofrecer datos fiables sobre la magnitud real de este problema en su territorio, según declara la Red Española de Lucha contra la Trata de Personas. A su vez, el Proyecto Esperanza-Proyecto Sicar afirma que España está entre los 10 países con incidencia más alta en la trata de personas con fines de explotación sexual.
Por este motivo la red española contra la trata de personas, organización constituida por 24 ONG españolas, lamenta que a pesar de haberlo anunciado hace más de dos años, el Gobierno español sigue sin poner en marcha un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata y sin firmar el Convenio Europeo. Entre los principales compromisos que suscriben los Estados al ratificar estas medidas destacan la asistencia a los afectados en su proceso de recuperación, la concesión del permiso de residencia a la víctima o las sanciones penales a los clientes de la prostitución.
En España la trata de personas afecta principalmente a mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania. Según la Red, son miles las personas extranjeras que son captadas y traídas a España a través de engaño, amenazas o coacción con el fin de someterlas a explotación en la prostitución, en la agricultura, el servicio doméstico, la construcción, la hostelería o los talleres clandestinos.
A pesar la gravedad del problema cabe destacar los avances importantes que se han dado en la lucha contra esta nueva forma de esclavitud en los últimos años. Entre ellos encontramos las bases de la lucha internacional contra la trata que la ONU sentó con el ‘Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños’ y que el Estado Español firmó y ratificó en el 2003.
En la Red participan como miembros: Accem, Afromujer Andalucía, Afesip, Anzadeia, Amnistía Internacional, APRAMP (Asociación para la Prevención Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida), Cáritas Española, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Cruz Roja Española, ECPAT, IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África), Federación de Mujeres Progresistas, Fonte, Médicos del Mundo, Mujeres en Zonas de Conflicto, Proyecto Esperanza, Red Acoge, Red Cántabra contra el Tráfico de Personas y la Explotación Sexual, RESCATE, Save the Children y Women’s Link Worldwide. Colaboran con la Red, dentro de sus respectivos mandatos, la Delegación en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Asociación pro Derechos Humanos (APDHE).
