Diversos estudios confirman su relación con la exclusión social y advierten de que los realojos sólo conducen a una reubicación de los grupos afectados
Unas 273.000 personas residen en España en infraviviendas. Inmuebles que carecen de electricidad, agua corriente o unas condiciones óptimas de seguridad. Sin embargo, el concepto de infravivienda es más amplio, tiene que ver también con la exclusión social. Diversos estudios atribuyen a la infravivienda una relación directa con este fenómeno y revelan cómo la solución considerada hasta ahora idónea, el realojo, no conduce siempre a la integración, sino a una "reubicación segregada".
La Real Academia Española de la Lengua define la infravivienda como aquella "vivienda que carece de las condiciones mínimas para ser habitada". Por lo general, son casas muy deterioradas en las que pueden darse situaciones de hacinamiento, no hay servicios básicos como agua corriente o electricidad y, en algunos casos, existe riesgo para la seguridad de quienes las habitan.
En total, se calcula que 273.000 personas residen en un piso de estas características, según datos de la Federación europea de asociaciones que apoyan a personas sin hogar (Feantsa). Los grupos más desfavorecidos son aquellos que tradicionalmente se relacionan con situaciones de exclusión social: mujeres, mayores, población gitana, inmigrantes, jóvenes... El informe de Cáritas "La infravivienda en la diócesis de Madrid" identifica, además, este tipo de construcción con la imposibilidad de disponer de una vivienda "sin que este derecho suponga un quebranto excesivo de los recursos económicos que se disponen para vivir". El mismo estudio hace hincapié también en el entorno, que describe como "no adecuado y deteriorado", con una limpieza deficiente de las calles, malas comunicaciones, vandalismo, carencia de zonas verdes y contaminación, entre otras cosas.
La definición de infravivienda, por lo tanto, va mucho más allá. No se centra exclusivamente en el estado que presenta un inmueble. El informe de Cáritas establece una "relación directa" entre la vivienda y la exclusión social de las personas. Éstas habitan tanto edificios en altura como horizontales, lo que se conoce como chabolismo vertical y horizontal:
Chabolismo vertical. Se refiere a un conjunto de viviendas antiguas, muy pequeñas y ubicadas en barrios periféricos y cascos antiguos, así como a instalaciones prefabricadas, casas en proceso de derribo, almacenes o locales que se utilizan como viviendas, casas de zonas rurales y corralas (vivienda alrededor de un patio central).
Chabolismo horizontal. Abarca los barracones, cobertizos y chabolas que se localizan dispersas o en poblados consolidados (barrios considerados marginales) y carecen de agua y luz.
Grupos más vulnerables
La infravivienda está íntimamente relacionada con la exclusión social. Así lo demuestra también el informe elaborado tras la visita a España del Relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda adecuada. En el estudio, hecho público hace algunas semanas con el título "Derecho a la vivienda y políticas habitacionales: informe de un desencuentro", se destaca cuáles son los grupos "especialmente afectados por la vulneración del derecho a la vivienda".
El primero de ellos son las personas sin hogar -que carecen en general de un techo-, seguidas de las personas mayores y, sobre todo, las mujeres mayores que viven solas. Éstas presentan más dificultades para hacer frente a los gastos de una vivienda, ya que a su situación económica se unen problemas de movilidad que, en ocasiones, les impiden salir de casa y acceder a los servicios sociales. Por su parte, muchos jóvenes que se independizan se ven obligados a compartir piso o a comprar uno pequeño debido al precio de las hipotecas. Según el Consejo de la Juventud de España, una persona joven necesita casi un 60% de su salario para acceder a una vivienda en el mercado privado.
Las personas con discapacidades son otro de los grupos afectados, al no tener fácil el acceso a viviendas adaptadas. Junto a ellas, las mujeres, la población gitana y las personas inmigrantes presentan también dificultades. Las primeras, por carecer de medios económicos suficientes para adquirir una vivienda por su cuenta, mientras que los otros dos grupos, a veces, se ven relegados a focos chabolistas, barrios de las afueras o habitaciones hacinadas (pisos patera). Precisamente, SOS Racismo de Barcelona recogió entre los años 2000 y 2006 casi un centenar de denuncias relacionadas con la "discriminación habitacional" de personas de origen extranjero. Las denuncias se centraban en: denegación de vivienda por parte de agentes inmobiliarios, problemas de convivencia vecinal por estereotipos racistas, hacinamiento y abuso por parte de los propietarios.
Unas 273.000 personas residen en España en infraviviendas. Inmuebles que carecen de electricidad, agua corriente o unas condiciones óptimas de seguridad. Sin embargo, el concepto de infravivienda es más amplio, tiene que ver también con la exclusión social. Diversos estudios atribuyen a la infravivienda una relación directa con este fenómeno y revelan cómo la solución considerada hasta ahora idónea, el realojo, no conduce siempre a la integración, sino a una "reubicación segregada".
La Real Academia Española de la Lengua define la infravivienda como aquella "vivienda que carece de las condiciones mínimas para ser habitada". Por lo general, son casas muy deterioradas en las que pueden darse situaciones de hacinamiento, no hay servicios básicos como agua corriente o electricidad y, en algunos casos, existe riesgo para la seguridad de quienes las habitan.
En total, se calcula que 273.000 personas residen en un piso de estas características, según datos de la Federación europea de asociaciones que apoyan a personas sin hogar (Feantsa). Los grupos más desfavorecidos son aquellos que tradicionalmente se relacionan con situaciones de exclusión social: mujeres, mayores, población gitana, inmigrantes, jóvenes... El informe de Cáritas "La infravivienda en la diócesis de Madrid" identifica, además, este tipo de construcción con la imposibilidad de disponer de una vivienda "sin que este derecho suponga un quebranto excesivo de los recursos económicos que se disponen para vivir". El mismo estudio hace hincapié también en el entorno, que describe como "no adecuado y deteriorado", con una limpieza deficiente de las calles, malas comunicaciones, vandalismo, carencia de zonas verdes y contaminación, entre otras cosas.
La definición de infravivienda, por lo tanto, va mucho más allá. No se centra exclusivamente en el estado que presenta un inmueble. El informe de Cáritas establece una "relación directa" entre la vivienda y la exclusión social de las personas. Éstas habitan tanto edificios en altura como horizontales, lo que se conoce como chabolismo vertical y horizontal:
Chabolismo vertical. Se refiere a un conjunto de viviendas antiguas, muy pequeñas y ubicadas en barrios periféricos y cascos antiguos, así como a instalaciones prefabricadas, casas en proceso de derribo, almacenes o locales que se utilizan como viviendas, casas de zonas rurales y corralas (vivienda alrededor de un patio central).
Chabolismo horizontal. Abarca los barracones, cobertizos y chabolas que se localizan dispersas o en poblados consolidados (barrios considerados marginales) y carecen de agua y luz.
Grupos más vulnerables
La infravivienda está íntimamente relacionada con la exclusión social. Así lo demuestra también el informe elaborado tras la visita a España del Relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda adecuada. En el estudio, hecho público hace algunas semanas con el título "Derecho a la vivienda y políticas habitacionales: informe de un desencuentro", se destaca cuáles son los grupos "especialmente afectados por la vulneración del derecho a la vivienda".
El primero de ellos son las personas sin hogar -que carecen en general de un techo-, seguidas de las personas mayores y, sobre todo, las mujeres mayores que viven solas. Éstas presentan más dificultades para hacer frente a los gastos de una vivienda, ya que a su situación económica se unen problemas de movilidad que, en ocasiones, les impiden salir de casa y acceder a los servicios sociales. Por su parte, muchos jóvenes que se independizan se ven obligados a compartir piso o a comprar uno pequeño debido al precio de las hipotecas. Según el Consejo de la Juventud de España, una persona joven necesita casi un 60% de su salario para acceder a una vivienda en el mercado privado.
Las personas con discapacidades son otro de los grupos afectados, al no tener fácil el acceso a viviendas adaptadas. Junto a ellas, las mujeres, la población gitana y las personas inmigrantes presentan también dificultades. Las primeras, por carecer de medios económicos suficientes para adquirir una vivienda por su cuenta, mientras que los otros dos grupos, a veces, se ven relegados a focos chabolistas, barrios de las afueras o habitaciones hacinadas (pisos patera). Precisamente, SOS Racismo de Barcelona recogió entre los años 2000 y 2006 casi un centenar de denuncias relacionadas con la "discriminación habitacional" de personas de origen extranjero. Las denuncias se centraban en: denegación de vivienda por parte de agentes inmobiliarios, problemas de convivencia vecinal por estereotipos racistas, hacinamiento y abuso por parte de los propietarios.
