Los abogados de oficio no atenderán a extranjeros ilegales en Madrid
Los nuevos requisitos establecidos por la Comunidad establecen que los abogados de oficio no podrán prestar asistencia jurídica a los extranjeros inmersos en procesos de expulsión por haber entrado ilegalmente en España.
Tres asociaciones representativas de los 4.500 abogados de oficio de Madrid han denunciado que, por decisión del Gobierno regional, no podrán prestar asistencia jurídica a los extranjeros inmersos en procesos de expulsión por haber entrado ilegalmente en España, a partir del 16 de febrero.
"No podemos asistirles, porque nos exigen unos requisitos en plazos perentorios de quince días como aportar poderes, documentación", ha explicado Elena Jara, secretaria general de la Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid (APAEM). El papel de los abogados de oficio será "meramente presencial, sin posibilidad de defenderles", lo que, a su juicio, constituye una "violación de un derecho fundamental".
Para María Jesús Díaz Veiga, de la Asociación Libre de Abogados (ALA), la anulación de la asistencia gratuita a extranjeros es el "comienzo de las maniobras de privatización" de este servicio que lleva a cabo el Gobierno de Esperanza Aguirre.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Tomás Gómez ha advertido de su "oposición frontal y radical a la privatización del servicio de asistencia jurídica gratuita" y ha manifestado su "apoyo" a las movilizaciones que efectúen estos abogados.
Los nuevos requisitos establecidos por la Comunidad establecen que los abogados de oficio no podrán prestar asistencia jurídica a los extranjeros inmersos en procesos de expulsión por haber entrado ilegalmente en España.
Tres asociaciones representativas de los 4.500 abogados de oficio de Madrid han denunciado que, por decisión del Gobierno regional, no podrán prestar asistencia jurídica a los extranjeros inmersos en procesos de expulsión por haber entrado ilegalmente en España, a partir del 16 de febrero.
"No podemos asistirles, porque nos exigen unos requisitos en plazos perentorios de quince días como aportar poderes, documentación", ha explicado Elena Jara, secretaria general de la Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid (APAEM). El papel de los abogados de oficio será "meramente presencial, sin posibilidad de defenderles", lo que, a su juicio, constituye una "violación de un derecho fundamental".
Para María Jesús Díaz Veiga, de la Asociación Libre de Abogados (ALA), la anulación de la asistencia gratuita a extranjeros es el "comienzo de las maniobras de privatización" de este servicio que lleva a cabo el Gobierno de Esperanza Aguirre.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Tomás Gómez ha advertido de su "oposición frontal y radical a la privatización del servicio de asistencia jurídica gratuita" y ha manifestado su "apoyo" a las movilizaciones que efectúen estos abogados.
